Tras la firma del proyecto de ley, realizada por el Presidente Sebastián Piñera, que busca terminar con los abusos en los contratos de arriendos de vivienda y agilizar los procesos judiciales, así como simplificar los trámites asociados, la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza afirmó que “nuestro Jefe de Estado sigue demostrando que su principal objetivo es solucionar las necesidades de los chilenos y chilenas”
Plaza Velis explicó que “esta iniciativa va hacer justicia en el mercado de arriendos y no sólo para los que están arrendando, sino también para aquellos que están entregando sus casa y hogares en arriendo. Este proyecto de ley busca terminar con los abusos y agilizar los procesos para que la Justicia pueda volver a reinar en este mundo de los arriendos de viviendas”.
“Nuestro Presidente Sebastián Piñera es un líder innato y desde las necesidades de las personas genera políticas públicas para apoyar a los chilenos y chilenas. Esta es una propuesta muy sentida por cientos de miles de familias chilenas y por cierto, que va a permitir facilitar el acceso a la vivienda”, afirmó la vocera regional del Gobierno.
Se estima que cada año se registran 20 mil juicios entre arrendatarios y arrendadores, procesos que demoran en promedio ocho meses y provocan un desgaste importante, además de gastos económicos y tiempo en trámites y traslados. El proyecto propone agilizar los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso de arrendatario morosos. Además, busca acelerar la notificación de las demandas de arrendamiento y permitir que un juez entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño.
Otro avance muy relevante es que se fija un plazo de 10 días para dictar sentencia, se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, de tal forma de evitar que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen. La iniciativa también busca simplificar los trámites asociados a estos juicios. La Ley permite que se puedan efectuar demandas, sin abogado de por medio, si el valor mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM ($ 400 mil aprox.), lo que representará un ahorro relevante para los afectados. También se establecerá una protección para los arrendatarios, y las viviendas deberán cumplir con el estándar que exige la ordenanza general de urbanismo y construcciones, con multas de no cumplimiento entre cinco a 100 UTM ($250 mil aprox. a $5.000.000 aprox.)
La Seremi de Gobierno aprovechó la instancia para declarar que “las garantías en los contratos de arrendamiento no podrán ser superior a dos rentas mensuales y deberán ser restituidas dentro de los 60 días a partir de la restitución del inmueble y que, de realizarse descuentos en su devolución, deberán justificarse y documentar los gastos que lo motivaron”.