En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, recordamos que la deuda del Estado en materia de generación de información sobre este segmento de mujeres, que además son indígenas, ha impedido una adecuada implementación de políticas públicas. Su aislamiento y escaso acceso a la justicia son otros factores que se suman a su complejo estado de vulnerabilidad.
El Informe Anual 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su capítulo sobre “Violencia Hacia las Mujeres Rurales e Indígenas Rurales”, reveló que este segmento no sólo ha permanecido invisible para la opinión pública sino también para el Estado. El estudio comprobó que ninguno de los ministerios oficiados poseía información desagregada por etnicidad y ruralidad vinculada a temas de violencia contra la mujer; tampoco existen documentos oficiales provenientes de reparticiones públicas responsables del tema.
La disponibilidad de datos estadísticos, confiables y desagregados, es un requisito vital para la creación de políticas públicas. Es por esto que el Informe del INDH recomienda a los organismos del Estado, responsables de generar información relativa a la violencia contra la mujer, implementar datos desagregados que contemplen la pertenencia a comunidades indígenas, condición de ruralidad, edad, situación de discapacidad y diversidad sexual.
La discriminación por sexo y género, señala el informe, no es la única manera de abordar el tema de la violencia hacia la mujer. Existen diversos elementos sociales y culturales que se entrelazan interactuando en múltiples y simultáneos niveles. De ahí que una de las recomendaciones sea que el Ministerio de la Mujer implemente políticas y programas de violencia hacia la mujer con pertenencia cultural, reconociendo las especificidades de las mujeres de pueblos originarios y condiciones de ruralidad. Porque al cruzar condición étnica, ruralidad y pobreza, la vulnerabilidad hacia las mujeres se vuelve más evidente.
Si bien el Estado no ha generado información que permita caracterizar la violencia en contra de las mujeres rurales e indígenas, existen trabajos académicos de carácter cualitativo que abordan el tema. Uno de los grupos más afectados es el de las temporeras, particularmente en el ámbito de la precariedad en sus empleos, que las expone a situaciones de acoso sexual y vulnerabilidad laboral. Según datos de la encuesta Casen (2013), entre los años 1990 y 2009, la fuerza femenina en el trabajo asalariado agrícola aumentó un 142%.
El fenómeno de creciente feminización del mercado ha derivado en una serie de complejidades en las jornadas de trabajo de las temporeras. Muchas de estas mujeres son sometidas a un severo control del tiempo por parte de las jefaturas, sacrificando sus horas de alimentación y los tiempos para satisfacer sus necesidades biológicas generando infecciones urinarias. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) ha denunciado que al no estar afiliadas a mutuales de seguridad, sus dolencias –tendinitis, lumbago, malestares crónicos- no son reconocidas como enfermedades laborales.
Mujeres mapuche
La mesa de Mujer Mapuche, con quien el INDH realizó un grupo focal de estudio, reconoció que en el tratamiento del Estado a las mujeres indígenas lo que prima es “la negación del otro”. Una integrante de la mesa planteó que para la institucionalidad pública era más práctico estandarizar que preocuparse de la diversidad, aplicando el mismo modelo en distintos territorios.
Otro factor inquietante es la naturalización de la violencia en las comunidades mapuche. Una antropóloga entrevistada por el INDH, asegura que «sí existe mucha violencia y las mujeres no la denuncian, tampoco se habla mucho en la comunidad, sino que es algo que ocurre, que el hombre le pegue a la mujer y es cuando está el trago de por medio, la pobreza». Ximena Lican, presidenta de la Mesa de Mujeres Rurales de Osorno, asegura que al estar insertas dentro de la tierra del marido, rodeada de cuñadas, suegras y lejos de sus madres, no tienen “a quien pedir ayuda”.
Recurrir entonces a una solución “occidental”, agrega la abogada Myrna Villegas, experta en temas indígenas y de género, pueden acarrear una serie de problemas, debido a que la solución del conflicto debe nacer de la propia comunidad dado que la cosmovisión mapuche de la vida es colectiva. Un eventual desarraigo, debido al fuerte componente emocional y cultural asignado al territorio, puede generar un sentimiento de vulnerabilidad y desamparo aún mayor.
El aislamiento, dada las condiciones de ruralidad en las zonas que habitan, es otro factor que ha impedido que las mujeres mapuche sean socorridas oportunamente y se puedan aplicar las medidas cautelares en casos de denuncia. Y en ocasiones, como en el caso de aislamiento del agresor, se torna poco efectiva pues la víctima pertenece a la misma comunidad. De ahí que el INDH, a modo de conclusión, sugiere que la lejanía geográfica no debe constituir un impedimento para que las mujeres rurales e indígenas accedan a la justicia y recomienda al Ministerio de Justicia resguardar que el aislamiento no sea un impedimento para que las mujeres ejerzan este derecho.
La violencia hacia las mujeres mapuche no sólo se da en sus comunidades, aseguran las entrevistadas, sino que proviene también de organismos del Estado, particularmente de Carabineros y Fuerzas Especiales. “Esto implica – concluye el informe- abordar las violencia perpetrada tanto por actores estatales como no-estatales y no circunscribirse al análisis de las violencias específicas de las relaciones familiares o de pareja”.
La criminalización hacia las líderes mujeres y machis es otro elemento que ha sido cuestionado por la Mesa de Mujer Mapuche. El caso de la machi Millaray Huichalaf, acusada de encubrimiento en el caso del incendio en el fundo Pisu Pisué, terminó con ella como única condenada. En junio de este año la lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, fue condenada a cinco años y un día por maltrato de obra a Carabineros, tras oponerse a la instalación de 16 torres de alta tensión por parte de la empresa Frontel, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretara una medida cautelar de protección para ella y su familia en el año 2015.
La percepción generalizada de discriminación y criminalización por parte de los órganos del Estado es una de las barreras que impide que las mujeres denuncien, pues los estamentos de justicia a los que acudirían representan a la misma institucionalidad que autoriza los allanamientos en contra de sus comunidades. La confianza en este caso recae entonces, según Constanza Christian, investigadora del RIMISP, en las propias instituciones culturales a la que pertenecen en vez del Estado de Chile.
Para el INDH resulta una materia preocupante la situación que viven las mujeres mapuche en el marco del conflicto intercultural que se vive en La Araucanía, debido a los allanamientos a sus comunidades y las amenazas y violencia hacia sus dirigentas en los conflictos con empresas privadas, situaciones que no se condicen con una cultura de respeto a los derechos humanos. Es por esto que el Instituto recomienda al Ministerio del Interior elaborar un protocolo sobre allanamientos a comunidades mapuche, tendiente a resguardar los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
FUENTE: INDH