Según informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 50% de las personas ocupadas en América Latina y el Caribe trabaja de manera informal. Es decir, una de cada dos personas empleadas no cuenta con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores.
En el año 2023 la tasa de informalidad laboral en Bolivia fue de 80%, siendo el país de la región con mayor índice de informalidad y una de las mayores a nivel global. Perú, Ecuador y Paraguay son los países que le siguen, con un 73%, un 68% y un 62% respectivamente. En un nivel medio, se encuentran México (53%), Argentina (47%) y Brasil (37%), quienes representan a las economías más fuertes de América Latina. Con estos datos, es necesario preguntarse ¿cómo está Chile y la región de Atacama respecto a la informalidad laboral?
Chile es uno de los países con menor tasa de informalidad laboral en América Latina y el Caribe con un 26%, siendo solamente mayor a Uruguay, el cual tiene un índice de 22%. Respecto a los sectores económicos que concentran mayor cantidad de personas ocupadas de manera informal en nuestro país, son: Comercio (23%), Construcción (12%), Industrias Manufactureras (8%) y Agricultura (8%). En tanto, la región de Atacama presenta una tasa de informalidad del 28% en el periodo de análisis, estando levemente por sobre el promedio nacional. Las ramas económicas que concentran mayor cantidad de ocupados informales a nivel regional se condice con las de nivel nacional, no presentando mayores alteraciones en su estructura.
No cabe duda que la informalidad laboral es un problema que debemos abordar con políticas públicas adecuadas y contextualizadas, a pesar de que nuestra región y país tengan índices más bajos que nuestros vecinos del continente. Para avanzar en el diseño de estas políticas públicas, debemos comprender que este fenómeno existe en el sector informal de la economía, pero que también se presenta en el sector formal, a través de distintas formas de contratación. Desde el punto de vista de los puestos de trabajo, existen trabajadores dependientes informales y trabajadores independientes informales. En esta línea, las políticas públicas debiesen avanzar en dos líneas paralelas: aumentar los mecanismos de fiscalización del sector informal de la economía y, por otro lado, incentivar la formalización laboral de personas y empresas mediante de un sistema de subsidios que permita generar mayores beneficios económicos y tributarios, de manera tal de facilitar la transición a la formalidad de personas y empresas, y con ello fortalecer el mercado laboral.
Raúl Díaz Espinoza
Jefe de Proyecto Observatorio Laboral Atacama
Sociólogo
Magíster en Estudios Latinoamericanos
Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial
