Desde el mes de abril la normativa comienza a aplicar para empresas privadas con más de 100 empleados.
A un año de la implementación de la ley de inclusión laboral unas 35 empresas de la región de Atacama se han sumado a la contratación de personas en situación de discapacidad, número que debería ir en aumento con la incorporación de las empresas con más de 100 empleados al cumplimiento de la normativa.
Al respecto el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, destacó el aporte de la ley a la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad y dijo que “el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha tomado con mucha responsabilidad el espíritu de esta ley que no es otro que dar oportunidades reales a las personas con discapacidad, para que puedan desarrollarse profesionalmente”.
La normativa indica que a partir del 1 de abril de 2019 las empresas con más de 100 empleados deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad, sumándose a las empresas con 200 o más trabajadores que desde 2018 cumplen con la normativa.
“Nuestro desafío es que más empresas puedan sumarse a la inclusión laboral sin necesidades de tener cuotas obligatorias, sino que sea por un verdadero sentir. La experiencia de este primer año nos dice que las empresas que han sido parte de la inclusión laboral han visto que mejoran el clima interno y hasta su productivad, por lo que es muy importante que más empresas puedan ser parte de la verdadera inclusión”, agregó la autoridad del Trabajo.
Según los datos entregados por la Dirección del Trabajo, durante el 2018 un total de 35 empresas cumplen con la inclusión laboral y que se traduce en 210 contratos vigentes que corresponden a personas en situación de discapacidad, siendo Copiapó (113) y Tierra Amarilla (53) las comunas que concentran el mayor número de contratos.
Gabriela Villanueva Fuentealba, Directora (s) del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) de Atacama, mencionó que “el desafío mayor es hacer un cambio cultural a favor de las personas con discapacidad en nuestra región, se deben eliminar los prejuicios asociados a la discapacidad, que hacen creer que existen ciertos cargos específicos para ciertas discapacidades, las personas con discapacidad pueden hacer cualquier tarea, con los ajustes necesarios y la formación adecuada”.
Respecto a las acciones que desarrolla el Senadis, Gabriela Villanueva explicó que “durante el año 2019 desarrollaremos el programa “Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad», que entregará conocimientos técnicos sobre reclutamiento y selección inclusivos y fortalece el enfoque de derechos que potencia el cambio cultural al interior de las organizaciones”.
Medidas alternativas
En caso de que una empresa no pueda contratar a una persona discapacitada, por no contar con las instalaciones adecuadas, la ley le permite acogerse a una modalidad alternativa. Entre ellas, se cuentan contratos de prestación de servicios con empresas que cuenten con personas con discapacidad y donaciones a corporaciones o fundaciones cuyo objeto sea el apoyo a personas con discapacidad.
A nivel nacional, en el primer año de aplicación de la ley, del total de empresas que cumplieron, un 20% lo hizo a través de estas medidas alternativas (574). De ellas, 218 lo han hecho por medio de donaciones y 356 a través de la subcontratación. Mientras que los proyectos y/o fundaciones que han recibido donaciones por la ley de inclusión han sido 15.