Corría el año 2012 y la escasez o abundancia del recurso hídrico en Atacama, producto del comportamiento ambiental por efectos del cambio climático, se había agravado en intensidad debido a la falta de diversificación de matrices alternativas de captación de agua dulce, y debido a la sobrecarga en consumo de agua de los cauces y pozos de las cuencas del valle de Copiapó, principalmente por actividades antrópicas. La región de Atacama es una zona árida, y por lo tanto la escasez de agua es y será una temática permanente para su desarrollo a escala humana, económica y ambiental.
Ese mismo año, a mitad de la ejecución del primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se toma una decisión clave para abordar la crisis hídrica. A través del directorio de la extinta CCIRA, se solicita un estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta desalinizadora que pudiese otorgar de manera permanente el vital recurso a la población de la región. Este estudio fue financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, considerando una misión técnica al país de Israel, líderes mundiales en tecnología hídrica, y este hito debe ser considerado como el punto de inflexión en donde el Estado aumenta su participación y regulación del sistema de abasto de agua en su globalidad con la creación de una nueva fuente de agua dulce y la ejecución de obras que incrementan la eficiencia del sistema, utilizando el desarrollo tecnológico para combatir un escenario regional de constante escasez y conflicto que altera la convivencia de las comunidades.
En enero del 2022, a casi 2 meses del término del segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera, se inaugura en Atacama la primera planta desalinizadora estatal, financiada en su totalidad con recursos del erario nacional. Esta obra, asegura el abastecimiento de agua dulce a la población de Atacama por al menos 40 años, reforzando el derecho fundamental que tenemos las personas de acceder al agua potable. Sin embargo, también hay desafíos por abordar; uno de ellos tiene relación con la gestión municipal del subsidio de agua potable para las familias de Atacama, el cual consiste en el financiamiento por parte del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de una parte o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos (15 m3) de agua potable y alcantarillado de los residentes permanentes de una vivienda ubicada tanto el sector urbano como rural del país, proyectando para el 2022 más de 28 mil subsidios disponibles para las 9 comunas de Atacama.
Otros desafíos tienen relación con los ajustes tarifarios y los mecanismos para ajustar los costos de operación y distribución, sin dejar de considerar la necesidad de innovar con las aguas residuales en materias de desarrollo que pueden considerar a los pequeños productores de alimentos, organizaciones dedicadas a la reforestación y/o comunidades aledañas a la inversión.
Por Luis Morales Vergara, secretario regional ministerial de Desarrollo Social y familia.
